Respuestas breves a preguntas de derecho tributario, cada una tomada de una sentencia, dictamen o resolución reciente. Bajo cada respuesta está el documento que la respalda: su ficha tiene el resumen, el tribunal u organismo y las normas que cita. Lo que resolvió un caso no siempre vale para otro: revisa el documento antes de usarlo.
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que no procedía la multa, porque no hubo retardo en el pago y el contribuyente reclamó la liquidación judicialmente sin mala fe.
En este caso, el Servicio de Impuestos Internos fijó por resolución los valores corrientes en plaza de vehículos motorizados para 2026, con dos listas: una para transporte terrestre de carga o pasajeros, incluidos remolques, y otra para automóviles, station wagons, furgones y camionetas.
En este caso, el Director del SII delegó en un funcionario de la X Dirección Regional de Puerto Montt la facultad de absolver posiciones en representación del Servicio, fundándose en el artículo 41 de la Ley N° 18.575, que autoriza la delegación de atribuciones para materias específicas. La medida se adoptó porque el Director no podía asistir personalmente a la audiencia de prueba.
En este caso, el tribunal rechazó el reclamo y confirmó las liquidaciones, al estimar que el Servicio actuó dentro de sus facultades. Además, condenó en costas a la parte reclamante.
No. En este oficio, el SII concluyó que un notario no puede desarrollar su actividad mediante una sociedad de profesionales, porque la labor notarial es personalísima, está estrictamente regulada y sujeta a responsabilidad civil y disciplinaria del notario.
En este caso, la Corte Suprema declaró inadmisible la casación en la forma y en el fondo, sosteniendo que el procedimiento de reclamo por vulneración de derechos, regulado en los artículos 156 y 157 del Código Tributario, solo admite apelación. Agregó que su naturaleza cautelar, orientada a restablecer garantías constitucionales, es incompatible con la casación.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero estimó que el SII no desvirtuó el tratamiento tributario aplicado por la contribuyente, quien sostuvo que sus operaciones de comercialización de cupos a entidades extranjeras estaban exentas, sin prestar directamente servicios de cruceros. Por ello, acogió el reclamo de fondo.
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso resolvió que no, porque el artículo 155 del Código Tributario solo permite esta acción contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios del Servicio de Impuestos Internos, no de la Tesorería General de la República. Por eso rechazó el reclamo por incompetencia.
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero reconoció que el SII podía liquidar diferencias por inversiones no justificadas, pero acogió el reclamo al concluir que no todas las inversiones correspondían al período revisado y que el contribuyente sí justificó el origen de los fondos de las que sí correspondían.
En este caso, el Director del SII delegó en un funcionario la facultad de absolver posiciones en representación del organismo en un juicio laboral, porque no podía asistir personalmente a la audiencia de prueba. La medida se fundó en la autorización legal para delegar atribuciones en materias específicas y se limitó a ese juicio y audiencia.
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero aprobó la conciliación total propuesta por las partes, tras liberarse las devoluciones y acogerse las rectificaciones solicitadas por la contribuyente. Al estar satisfechas sus pretensiones, el tribunal consideró inoficioso seguir el procedimiento y dio término al juicio.
En este caso, el SII señaló que la operación podría enmarcarse en una reorganización empresarial con legítima razón de negocios, siempre que se corrobore en fiscalización. Advirtió que conserva sus facultades para revisar el costo tributario, el registro contable y la concurrencia de los presupuestos.
En este caso, el SII dispuso que la medida rige para las declaraciones juradas que deban presentarse a partir del año tributario 2027, respecto de operaciones informadas desde el año comercial 2026 en adelante.
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero rechazó los descargos de la contribuyente y confirmó la denuncia por utilizar crédito fiscal de facturas falsas, aplicando una multa del 150% de lo defraudado en IVA y condenándola en costas.
En este caso, el SII dejó sin efecto la Resolución Ex. N° 209 de 2025, que fijaba los valores para el reavalúo de la segunda serie no agrícola, porque la Ley N° 21.806 suspendió todos los reavalúos no agrícolas previstos para 2026. Por eso, los avalúos vigentes al 31 de diciembre de 2025 se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este caso, la Corte Suprema resolvió que no. El certificado municipal no basta contra el administrador, porque su responsabilidad deriva de la ley y no del documento, por lo que se requiere un título diverso para perseguirlo.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
Sí. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos autorizó a contribuyentes de varias regiones declaradas zonas afectadas por catástrofe, por un sistema frontal, a usar documentos tributarios en papel por doce meses desde la catástrofe.
En este caso, el tribunal sostuvo que no procedía el reclamo porque no existía un acto reclamable en los términos del artículo 124 del Código Tributario. La pretensión debía dirigirse primero al Servicio de Impuestos Internos conforme al artículo 126, y solo el acto que resolviera esa petición podía ser reclamado ante el tribunal.
Según este fallo, el amparo económico exige que el acto impugnado afecte de forma actual y efectiva la actividad económica del recurrente, lo que no ocurre con actos de mero trámite inserto en un procedimiento aún no terminado. La Corte Suprema descartó el recurso contra una notificación de ese tipo.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
Sí. En este caso, el SII aprobó un anexo que modifica la cláusula séptima del convenio con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, extendiendo su vigencia por dos años, hasta el 8 de agosto de 2028, y manteniendo sin cambios las demás estipulaciones.
No. En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero de Atacama rechazó que el pago de las diferencias eximiera de responsabilidad infraccional, porque el artículo 105 del Código Tributario establece la independencia entre ambas responsabilidades. Se aplicó una multa equivalente al 100% del IVA defraudado.
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Araucanía estimó acreditada la infracción del artículo 97 N° 10 del Código Tributario, al trasladarse leña sin guía de despacho o factura electrónica y sin una explicación razonable sobre su origen. Por ello confirmó la infracción, con multa de 2 UTM y clausura por 2 días.
En este caso, el tribunal estimó que no se acreditó ningún vicio invalidante en las liquidaciones, rechazando los alegatos de indefensión por falta de prórroga y de incompetencia de la jefa de unidad que las emitió.
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero rechazó los descargos de la contribuyente y confirmó la denuncia del SII por aumentar maliciosamente el crédito fiscal del IVA sin respaldo documental. El tribunal calificó la conducta como una maniobra dolosa y le impuso una multa del 200% de los impuestos evadidos.
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso sostuvo que no, porque el oficio era un acto meramente confirmatorio y no un acto terminal, por lo que rechazó el reclamo por improcedente. El tribunal indicó que solo son reclamables judicialmente los actos que manifiestan la pretensión fiscal, según el artículo 124 del Código Tributario.
Según esta resolución, el SII establece que los emisores de medios de pago pasan a ser sujetos del IVA y agentes retenedores de este impuesto respecto de esos contribuyentes. Deben retener el IVA en las operaciones de venta de bienes digitales conforme al anexo de reporte de retenciones.
En este caso, el Servicio de Impuestos Internos, mediante la Resolución Ex. SII N° 89, actualizó dicha nómina al segundo trimestre de 2026, cumpliendo la obligación legal de actualizarla trimestralmente. Complementa la nómina fijada por la Resolución Ex. N° 194 de 2025.
No, según el Oficio N° 694 de 2026 del Servicio de Impuestos Internos, estos conceptos no constituyen venta ni servicio gravado con IVA, sino consecuencias jurídicas del incumplimiento del deudor. Por lo tanto, no nace la obligación de emitir documentos tributarios por ellos.
En este caso, el tribunal sostuvo que el pago de cuotas de leasing es una operación gravada con IVA y que el impuesto recargado es crédito fiscal para la contribuyente si se relaciona con su giro. Además, indicó que la cesión posterior del contrato no afecta ese derecho, por tratarse de operaciones autónomas.
En este caso, el SII autorizó a una empresa mandataria para emitir boletas de servicios de ingreso a espectáculos públicos por cuenta de terceros, siempre que cumpla las condiciones de la normativa vigente. La solicitud se analizó conforme a la Resolución Ex. SII N° 60 de 2021.
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