Respuestas breves a preguntas de derecho administrativo, cada una tomada de una sentencia, dictamen o resolución reciente. Bajo cada respuesta está el documento que la respalda: su ficha tiene el resumen, el tribunal u organismo y las normas que cita. Lo que resolvió un caso no siempre vale para otro: revisa el documento antes de usarlo.
Sí. En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar el registro de marcaciones de ingreso y salida de una funcionaria del hospital, por tratarse de información pública.
La Corte Suprema aplicó el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y verificó la concurrencia de identidad legal de personas, cosa pedida y causa de pedir entre el amparo y la sentencia previa. Constatada esa identidad, acogió la excepción de cosa juzgada.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque el Servicio Nacional de Migraciones entregó una respuesta incompleta de información que debía obrar en su poder conforme a sus funciones legales, sin alegar causales de reserva. Ordenó entregar la información y acreditar su entrega.
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que una solicitud de cambio de punto de captación pendiente constituye una mera expectativa y no un derecho adquirido, por lo que no evita la inclusión en el listado de patentes por no uso.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la impugnación porque no se acreditó la nulidad del acta conforme a los requisitos legales exigidos, por lo que la alegación de un RUT inexistente no bastó para anularla.
En este caso, la Corte de Apelaciones de Arica sostuvo que la Superintendencia de Educación actuó dentro de sus facultades legales al confirmar la multa por declaración irregular de asistencia en el SIGE, rechazando la reclamación del sostenedor.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, la Corte de Apelaciones acogió parcialmente el reclamo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y modificó la decisión del Consejo para la Transparencia, que había ordenado publicar esa información, sin condenar en costas.
No, según este fallo. La Corte Suprema sostuvo que la sanción fue arbitraria e ilegal porque se impuso sin notificar ni citar al club a la audiencia de prueba, vulnerando el debido proceso y el procedimiento de los estatutos y reglamento de la federación.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, la Contraloría sostuvo que la evaluación técnica y financiera corresponde al mérito de la Administración y no es revisable por este órgano de control, por lo que desestimó el reclamo.
Fuente: Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
En este caso, la Corte Suprema estimó que no, porque la casación es de derecho estricto y la municipalidad presentó capítulos alternativos incompatibles, como alegar extemporaneidad y luego discutir el fondo. Por eso rechazó el recurso sin entrar al fondo.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que respaldó las exigencias de auditoría interna en sistemas de gestión de energía impuestas por la SEC a una empresa ferroviaria. El fallo ratificó la validez de la medida administrativa.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, la Contraloría tomó razón de un decreto que autoriza excepcionalmente la quema controlada en el marco de una emergencia preventiva declarada por el Ministerio del Interior. Para ello, la medida debe fundarse en antecedentes técnicos de prevención de incendios y no puede comprometer normas ambientales ni de salud.
Fuente: Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que un retraso de dos horas en la visita y degustación no impidió una evaluación razonable, por lo que no invalidó el proceso. Además, la recurrente no lo objetó oportunamente.
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la reclamación correspondía al derecho de petición y no al derecho de acceso a la información pública. Además, el recurrente no había presentado previamente una solicitud de acceso a información conforme a la Ley de Transparencia, requisito indispensable para recurrir.
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí procede. Reconoció el atraso, pero sostuvo que el procedimiento de multa no constituye una excepción legal para alterar el plazo de pago, por lo que el Gobierno Regional debe pagar los intereses y comisiones de la Ley N° 21.131 desde su vigencia.
Fuente: Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó a la municipalidad entregar información sobre contrataciones, telefonía móvil municipal, uso de fondos del Royalty y estado de investigaciones sumarias, previo tarjado de datos personales.
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y sostuvo que la divulgación afectaría la protección de datos personales de los expertos, configurando la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. También consideró que identificarlos públicamente podría desincentivar su participación futura y comprometer su independencia técnica.
En este caso, la Contraloría General sostuvo que la falta de presupuesto no exime al Ministerio de Bienes Nacionales del deber de restituir el excedente de garantía. Le ordenó arbitrar las medidas necesarias para cumplir la restitución a la brevedad.
Fuente: Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
En este caso, el Consejo rechazó la entrega de las rúbricas, la explicitación de resultados y los puntajes, porque el órgano ya los había proporcionado al reclamante.
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque la Municipalidad de Providencia entregó la información durante el procedimiento de amparo y no dentro del plazo legal. Por eso, tuvo la solicitud por atendida, pero de forma extemporánea.
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó a la municipalidad entregar documentos que acrediten su situación jurídica respecto de los pozos que opera, indicando si tiene derechos de aprovechamiento de aguas a su nombre, con sus títulos, resoluciones e inscripciones, o acreditando que los opera mediante convenios con la Dirección de Obras Hidráulicas.
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que los informes, contratos, roles, funciones y honorarios de los abogados asesores jurídicos de la Municipalidad de Combarbalá son información pública. Ordenó su entrega porque el municipio no alegó ni acreditó una causal de reserva que justificara denegarla.
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la demora en el trámite migratorio corresponde al derecho de petición y no al acceso a información pública, por lo que no procedía revisarlo en esa sede.
La Corte Suprema resolvió que el organismo recurrido debe estarse a lo establecido en los Estatutos de la comunidad sobre la calidad de comunero habilitado, según sus Títulos II y III, para participar en el proceso eleccionario.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí, al considerar que esa conducta constituye una grave vulneración del principio de probidad administrativa. Confirmó que la destitución fue legal y proporcionada, dictada dentro de las atribuciones de la autoridad.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
En este caso, la Contraloría resolvió que la asignación de experiencia pactada colectivamente antes del traspaso debe seguir pagándose mediante la planilla complementaria, siempre que sea el beneficio de mayor valor frente a la asignación de experiencia de origen legal de la ley N° 21.109.
Fuente: Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la impugnación de una unión temporal de proveedores contra la adjudicación de una licitación de vehículos blindados. Declaró que los actos impugnados se ajustaban a derecho, porque no se acreditó la ilegalidad ni la arbitrariedad alegadas.
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que corresponde a la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el ejercicio de sus atribuciones legales, ponderar los antecedentes y definir las profesiones idóneas.
Fuente: Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
En este caso, el Tribunal rechazó la acción de impugnación de una empresa que cuestionaba la exigencia de un tomógrafo de al menos 64 canales en una licitación de PET-CT. Estimó que la especificación estaba fundada en las necesidades asistenciales del hospital y no era una restricción arbitraria.
En este caso, la Corte Suprema, en su Tercera Sala, rechazó el amparo económico presentado contra la revocación de una adjudicación en una licitación de Gendarmería, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Con ello validó la actuación del organismo público en el proceso licitatorio.
Fuente: Sentencia · Corte Suprema · 2026
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