El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación interpuesta por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación interpuesta por una empresa de servicios de alimentación contra un hospital público, en el marco de una licitación para el servicio de alimentación de funcionarios. La recurrente alegó que la visita a terreno y degustación programada se realizó con dos horas de retraso, lo que afectó la evaluación de sus productos, y que tres miembros de la comisión evaluadora se abstuvieron de participar, vulnerando las bases administrativas. Solicitó la nulidad del proceso y un nuevo llamado a licitación. El tribunal desestimó la demanda por falta de prueba de ilegalidad o arbitrariedad, considerando que el retraso no impidió una evaluación razonable y que la recurrente no objetó en el momento oportuno. Se declaró que la evaluación se ajustó a derecho y que no existieron vicios insalvables, por lo que se rechazó la acción en todas sus partes, con costas por cada parte.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Un retraso en la visita a terreno o degustación de una licitación pública invalida la evaluación de las ofertas?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que un retraso de dos horas en la visita y degustación no impidió una evaluación razonable, por lo que no invalidó el proceso. Además, la recurrente no lo objetó oportunamente.
¿Qué ocurre si miembros de la comisión evaluadora de una licitación pública se abstienen de participar?
En este caso, el tribunal reclamado por la recurrente rechazó la impugnación sobre la abstención de tres integrantes de la comisión y declaró que la evaluación se ajustó a derecho. No hubo vicios insalvables que justificaran anular el proceso.
¿Procede anular una licitación pública y ordenar un nuevo llamado si no se prueba la ilegalidad o arbitrariedad de la evaluación?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación porque no se acreditó ilegalidad ni arbitrariedad en la evaluación. Por ello no se decretó la nulidad del proceso ni un nuevo llamado a licitación.
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