El Tribunal de Contratación Pública acogió parcialmente la impugnación de una empresa c…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió parcialmente la impugnación de una empresa contra las bases de una licitación pública del Hospital Clínico San Borja Arriarán para el servicio de traslado de pacientes en ambulancias medicalizadas. La recurrente cuestionó la exigencia de la certificación ISO 9001 como requisito de admisibilidad, por considerarla ilegal y arbitraria, al vulnerar los principios de libre concurrencia e igualdad entre oferentes. El tribunal declaró ilegal y arbitrario dicho requisito, por constituir una barrera de entrada innecesaria que excede la discrecionalidad técnica de la entidad licitante, ordenando modificar futuras bases para eliminarlo. Se rechazaron las demás pretensiones y se reconoció el derecho a demandar indemnizaciones en otras sedes, con costas por cada parte.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Es legal exigir la certificación ISO 9001 como requisito de admisibilidad en una licitación pública en Chile?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria la exigencia de la certificación ISO 9001 como requisito de admisibilidad, por constituir una barrera de entrada innecesaria que excede la discrecionalidad técnica de la entidad licitante. Ordenó modificar las bases futuras para eliminarla.
¿Puede un oferente impugnar las bases de una licitación pública por considerar que restringen la libre concurrencia?
En este caso, el Tribunal acogió parcialmente la impugnación de una empresa que cuestionó las bases de una licitación del servicio de traslado de pacientes, por vulnerar los principios de libre concurrencia e igualdad entre oferentes. Rechazó las demás pretensiones de la recurrente.
¿Qué efectos tiene la declaración de ilegalidad de un requisito de bases en una licitación pública?
En este caso, el Tribunal ordenó modificar futuras bases para eliminar el requisito declarado ilegal y arbitrario, y reconoció el derecho a demandar indemnizaciones en otras sedes, sin condena en costas para ninguna parte.
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