El Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación presentada por una empresa co…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2025
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación presentada por una empresa contra las bases de una licitación de arriendo de ambulancias convocada por un hospital público. El tribunal declaró ilegal y arbitraria la resolución que aprobó las bases, porque exigir que los vehículos ofertados fueran de propiedad del oferente excluía el leasing y restringía injustificadamente la libre concurrencia y la posibilidad de elegir la forma de financiamiento. Como medida para restablecer el imperio del derecho, ordenó al hospital modificar las bases técnicas para eliminar esa exigencia y permitir la posesión o tenencia legítima de los vehículos, incluido el leasing, e incorporar el programa de integridad como criterio de evaluación conforme al reglamento de la Ley N°19.886. Además, dispuso alzar la suspensión del procedimiento licitatorio para hacer efectivas esas medidas, con costas a cargo de cada parte.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Se puede impugnar las bases de una licitación pública si exigen que los vehículos sean de propiedad del oferente?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación y declaró ilegal y arbitraria la resolución que aprobó las bases, porque exigir la propiedad de los vehículos excluía el leasing y restringía injustificadamente la libre concurrencia.
¿Qué ocurre si las bases de una licitación excluyen el leasing como forma de financiamiento?
En este caso, el Tribunal estimó que excluir el leasing restringe injustificadamente la libre concurrencia y la posibilidad de elegir la forma de financiamiento, por lo que ordenó modificar las bases para permitir la posesión o tenencia legítima de los vehículos, incluido el leasing.
¿Es obligatorio incorporar el programa de integridad como criterio de evaluación en una licitación pública?
En este caso, el Tribunal ordenó al hospital incorporar el programa de integridad como criterio de evaluación conforme al reglamento de la Ley N°19.886, al acoger la impugnación contra las bases de la licitación.
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