Resumen del criterio jurisprudencial
El Ministerio Público interpuso un recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción argumentando que al dictar una sentencia absolutoria cuando el apelante había solicitado la recalificación a un delito distinto, violaron lo preceptuado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, incurriendo en una falta o abuso grave. Los Ministros recurridos señalaron que la Defensa solicitó con su recurso un pronunciamiento respecto de la calificación jurídica de los hechos que se dieron por acreditados. Al haber absuelto por estimar que se trató de un acto inidóneo para el fin propuesto (desde que el documento falso tenía una fecha vencida al momento de ser pesquisado) justamente cumplieron con resolver la cuestión que se les había planteado por el apelante. La Corte Suprema, en voto de mayoría, acogió el recurso de queja. Ello, porque estimó que la Defensa al interponer su recurso dejó claramente señalado en su parte petitoria el objetivo perseguido, en el sentido de castigar conforme al artículo 209 bis de la ley 18.290, estableciendo así el ámbito de discusión que debía resolver el Tribunal de alzada, ámbito claramente delimitado por lo dispuesto perentoriamente en el artículo 360 inciso 1º del Código Procesal Penal. El voto de minoría estuvo por rechazar el recurso, sosteniendo que al establecer el Código Procesal Penal el recurso de apelación para la revisión de los fallos dictados en juicios abreviados, y siendo que la segunda instancia se caracteriza por la facultad de revisar ampliamente la decisión atacada, el tribunal superior estaba facultado para revisar todas las cuestiones de hecho y de derecho consideradas en la resolución e impugnadas a través del recurso, estimando inadmisible sostener que debía simplemente atenerse al petitorio literal del recurso. Por el contrario, lo que correspondía es que el Tribunal de Alzada decidiera el derecho con autonomía.