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El Ministerio Público acusó al imputado como autor del delito de tráfico ilícito de est…

Sentencia · Tribunal Oral en lo Penal · 2006

Resumen

El Ministerio Público acusó al imputado como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, y la Defensa pidió recalificar los hechos como microtráfico del artículo 4 de la Ley 20.000, alegando la escasa cantidad incautada, que parte de la droga era para consumo de los moradores, la situación socioeconómica de la familia y la venta directa a consumidores. El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, en voto dividido, calificó los hechos como tráfico ilícito del artículo 3 de la Ley 20.000, fundándose en que la droga incautada permitía preparar unas 400 dosis para la venta, en la falta de relación entre el dinero del acusado y los ingresos de una familia de bajos recursos, y en las declaraciones policiales. El voto de minoría sostuvo que la sola cantidad de droga, sin otros factores, debía decidir entre tráfico y microtráfico, y que la conducta encuadraba en el artículo 4. Por ello se acogió parcialmente la pretensión, y se resolvió no condenar en costas al acusado por estar patrocinado por la Defensoría Penal Pública.

Normas citadas

  • Ley 20.000
  • Código Procesal Penal
  • Artículo 3º de la Ley 20.000
  • Artículo 4° de la ley 20.000
  • Ley N° 19.366
  • Ley 18.216
  • Ley 19.718
  • Código Penal
Boletín del Ministerio PúblicoFALLOS

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se considera tráfico ilícito de estupefacientes y no microtráfico según la Ley 20.000?

En este caso, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, por mayoría, calificó los hechos como tráfico del artículo 3 de la Ley 20.000 porque la droga incautada alcanzaba para unas 400 dosis destinadas a la venta, y porque el dinero del acusado no guardaba relación con los ingresos de su familia.

¿La cantidad de droga incautada basta por sí sola para decidir entre tráfico y microtráfico?

En este caso, el voto de minoría sostuvo que la sola cantidad de droga, sin otros factores, debía decidir la calificación y que la conducta encuadraba en el artículo 4, por lo que el tribunal no adoptó esa postura en su mayoría. La mayoría se fundó también en la falta de relación entre el dinero del acusado y los ingresos familiares y en las declaraciones policiales.

¿Debe el imputado condenado en costas si su defensa fue ejercida por la Defensoría Penal Pública?

En este caso, el tribunal resolvió no condenar en costas al acusado porque estaba patrocinado por la Defensoría Penal Pública. La pretensión fue acogida solo parcialmente.

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