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En una audiencia celebrada a solicitud de la defensa, el Juzgado de Garantía aprobó un…

Sentencia · Juzgado de Garantía · 2001

Resumen

En una audiencia celebrada a solicitud de la defensa, el Juzgado de Garantía aprobó un acuerdo reparatorio entre la víctima y el imputado por el delito de amenazas, pese a la oposición del fiscal, quien argumentó que no se trataba de un bien jurídico patrimonial disponible y que el imputado registraba una condena previa por homicidio. El tribunal consideró que no existía un interés público prevalente en continuar la persecución penal y que la oposición del Ministerio Público no estaba fundada, por lo que acogió el acuerdo, decretó el sobreseimiento definitivo y dejó sin efecto la medida cautelar que afectaba al imputado. El acuerdo consistió en que un familiar del imputado postulara a un concurso de tierras de CONADI para adquirir un terreno de propiedad de la víctima.

Normas citadas

  • Código Procesal Penal
  • Código Penal
Boletín de Jurisprudencia del Ministerio PúblicoFALLOS

Preguntas frecuentes

¿Puede un juez de garantía aprobar un acuerdo reparatorio por amenazas cuando el fiscal se opone?

En este caso, el Juzgado de Garantía aprobó el acuerdo reparatorio pese a la oposición del fiscal, porque consideró que no existía un interés público prevalente en continuar la persecución y que la oposición no estaba fundada. Con ello decretó el sobreseimiento definitivo.

¿Es el delito de amenazas un bien jurídico disponible para efectos de un acuerdo reparatorio?

El fiscal sostuvo que no se trataba de un bien jurídico patrimonial disponible, pero el tribunal acogió el acuerdo sin aceptar ese argumento como obstáculo. En este caso, la decisión se fundó en la ausencia de interés público prevalente y en la falta de fundamento de la oposición.

¿Influye una condena previa del imputado por homicidio en la aprobación de un acuerdo reparatorio?

El fiscal alegó la condena previa del imputado por homicidio como razón para oponerse al acuerdo. En este caso, el tribunal no consideró ese antecedente suficiente para impedir la aprobación, y además dejó sin efecto la medida cautelar que afectaba al imputado.

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