Resumen del criterio jurisprudencial
El Ministerio Público dedujo un recurso de apelación en contra de la resolución que aceptó un acuerdo reparatorio entre el acusado y la víctima por estimar que existía un interés público prevalente desde que el primero había incurrido reiteradamente en hechos como los que sustentaron el acuerdo. La Corte acogió el recurso señalando que si bien la doctrina que inspira el Código Procesal Penal es de una notable preocupación por el resguardo de los derechos de los imputados, ello no excluye la obligación preeminente y permanente de todo juez de resguardar y proteger la estabilidad social, el orden y la seguridad de los ciudadanos. Siendo así, y habiéndose acreditado que el acusado había incurrido grave y reiteradamente en ilícitos de la misma naturaleza a los juzgados en el fallo recurrido, no cabía sino concluir que efectivamente existía un interés público prevalente que exigía continuar con la persecución penal como expresamente lo dispone el artículo 241 inciso final del Código Procesal Penal.