Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo presentado por un ciudadano contra la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que había negado el acceso al informe final de una licitación de servicios de sistematización de información y diseño metodológico para un proceso participativo vinculado al proyecto de ley de patrimonios. El organismo invocó un privilegio deliberativo pendiente, sosteniendo que entregar la información afectaría el cumplimiento de sus funciones e interferiría en el desarrollo del proyecto en su conjunto. El Consejo aplicó su criterio reiterado en decisiones previas. No obstante, ordenó a la Subsecretaria informar al reclamante y al Consejo, mediante comunicación al correo institucional, una vez adoptada la resolución, medida o política en que incide la solicitud. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en el plazo de 15 días corridos desde la notificación, y no procede recurso de reposición.