El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2017
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a ciertos delitos, y una impugnación al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. El tribunal acogió parcialmente el requerimiento. La mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana, la proporcionalidad y la igualdad ante la ley, y que la exclusión generalizada de penas alternativas puede resultar desproporcionada en ciertos casos. Respecto del artículo 17 B, el tribunal estimó que la norma no vulnera la Constitución, pues respeta la proporcionalidad y el principio de culpabilidad, y deja al juez la individualización de la pena dentro de los límites legales. En la parte resolutiva se descartó un trato discriminatorio, dado que la Constitución mandata el control de armas y el legislador puede fijar un tratamiento diferenciado para esos delitos.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la exclusión de penas sustitutivas del artículo 1° de la Ley N° 18.216 en un caso concreto?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y sostuvo que la exclusión generalizada de penas alternativas puede resultar desproporcionada, por lo que dicha norma podía ser inaplicable en ciertos casos.
¿La pena de cárcel por delitos de control de armas vulnera la proporcionalidad o el principio de culpabilidad?
En este caso, el tribunal estimó que el artículo 17 B de la Ley N° 17.798 no vulnera la Constitución, ya que respeta la proporcionalidad y el principio de culpabilidad y deja al juez la individualización de la pena dentro de los límites legales.
¿Constituye discriminación arbitraria que la ley trate de forma diferenciada los delitos de control de armas en materia de penas?
En este caso, el tribunal descartó un trato discriminatorio, considerando que la Constitución mandata el control de armas y que el legislador puede fijar un tratamiento diferenciado para esos delitos.
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