Resumen
El Tribunal Constitucional examinó un requerimiento que cuestionaba dos preceptos de la legislación penal: el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas, y el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. La resolución sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana, la proporcionalidad y la reinserción social, y que las penas sustitutivas son sanciones de carácter punitivo y no una forma de impunidad. En cuanto a las penas sustitutivas, se consideró desproporcionada la exclusión total de ciertos delitos sin atender a la pena concreta ni a la gravedad objetiva del hecho. Respecto del control de armas, la mayoría estimó que la norma no vulnera la Constitución, pues se enmarca en la potestad legislativa y deja al juez la individualización de la pena. Un ministro disidente sostuvo que, en el caso concreto, la conducta lesionó bienes jurídicos relevantes, por lo que la ejecución efectiva de la pena era proporcionada y el requerimiento debió rechazarse también en ese aspecto.