Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que se cuestionaban dos normas: el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas, y el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. El fallo acogió parcialmente el requerimiento. La mayoría declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por considerar que vulneraba el principio de proporcionalidad, y rechazó la impugnación respecto del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al estimar que el legislador puede fijar un marco penal más severo en materia de armas sin afectar la individualización judicial de la pena. Un ministro disidente sostuvo que el requerimiento debió rechazarse también en este aspecto, argumentando que la conducta del autor expuso o lesionó bienes jurídicos relevantes, por lo que la ejecución efectiva de la pena era proporcionada.