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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un condenado respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a ciertos casos según el quantum de la pena. La parte requirente sostuvo que dicha exclusión vulneraba el principio de proporcionalidad de las penas y los derechos asegurados en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución. El Tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable el precepto en el caso concreto. Fundó su decisión en que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana y la reinserción social, y en que las penas sustitutivas constituyen sanciones que buscan equilibrar los intereses de la sociedad, las víctimas y el condenado, y no beneficios ni impunidad. Ordenó asimismo el alzamiento de la suspensión del procedimiento decretada en el juicio penal correspondiente.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.365
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Son las penas sustitutivas un beneficio o una sanción según la jurisprudencia constitucional chilena?

En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas constituyen sanciones que buscan equilibrar los intereses de la sociedad, las víctimas y el condenado, y no beneficios ni impunidad. Por ello, su exclusión debe analizarse desde el principio de proporcionalidad de las penas.

¿Procede suspender y luego alzar la suspensión del juicio penal mientras se resuelve una inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, el Tribunal acogió el requerimiento y ordenó el alzamiento de la suspensión del procedimiento decretada en el juicio penal correspondiente. Con ello, el proceso penal puede continuar conforme a la decisión de inaplicabilidad.

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