Resumen
El Tribunal Constitucional conoció impugnaciones contra dos normas de la legislación penal: el artículo 19, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la aplicación de penas sustitutivas para ciertos delitos, y el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. Sobre la primera, se planteó que esa exclusión total resulta desproporcionada y vulnera la justicia y racionalidad garantizadas por el artículo 19, N° 2 y 3, de la Constitución, al impedir la individualización de la pena. Sobre la segunda, se sostuvo que restringe la discrecionalidad judicial. El Tribunal resolvió rechazar las impugnaciones, por mayoría, sosteniendo que el legislador puede restringir la discrecionalidad judicial en la determinación de penas dentro de los límites constitucionales y que el control de armas es un bien jurídico protegido. Con todo, la parte resolutiva del fallo corresponde a un pronunciamiento distinto, de carácter inaplicabilidad, que declara que la aplicación en una gestión judicial pendiente de la expresión "de inmediato" del artículo 16 B) de la Ley N° 18.410 vulnera la garantía de no discriminación arbitraria en materia económica.