Resumen del criterio jurisprudencial
La declaración de inadmisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad procede cuando no existe una gestión judicial pendiente en tramitación, lo que implica que la gestión judicial no haya concluido, siendo la acción de inaplicabilidad un medio para evitar la aplicación de normas legales determinadas, ya que los preceptos reprochados pueden ser derecho aplicable en el caso sub lite. La exigencia de una gestión judicial “pendiente” debe examinarse en un sentido finalista y compatible con la naturaleza de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, evitando que las gestiones judiciales se mantengan artificialmente pendientes para cumplir el requisito del artículo 84 N°3 de la ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, favoreciendo la admisibilidad de las acciones de inaplicabilidad, a pesar de que los preceptos impugnados ya no vayan a surtir ningún efecto en las gestiones. Además, se configura la causal de inadmisibilidad cuando el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto. El requerimiento de inaplicabilidad debe tener “fundamento plausible”, es decir, que la impugnación esté fundada razonablemente, como lo precisa el inciso undécimo del artículo 93, inciso primero, de la Constitución Política. Se requiere la aptitud de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, en base a una adecuada y lógica sustentación de la contradicción entre las normas. No resulta razonable solicitar la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal en un caso concreto, persiguiendo el pleno imperio del principio de supremacía constitucional, si el efecto contrario a la ley fundamental se va a mantener igualmente por aplicación de una norma legal distinta que no ha sido impugnada por el requirente.