Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, que había denegado el acceso a un listado de hardware en uso en la institución, financiado con recursos públicos. El Consejo ordenó entregar la información sobre los dispositivos, el funcionario asignado a cada uno, el tipo de hardware y su modelo. Sostuvo que los servidores públicos pueden requerir información por la vía de la Ley de Transparencia, sin que el cargo que ocupan les impida hacerlo, ya que el derecho de acceso reconoce a toda persona el acceso salvo causal legal de reserva. Sin embargo, rechazó la entrega de las direcciones IP de los dispositivos, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2, que protege la vida privada de las personas. Se ordenó además acreditar el cumplimiento dentro de plazo.