El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad, presentado por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad, presentado por profesores de una corporación municipal, contra los artículos 2° y 3° transitorios de la Ley N° 20.158, en el marco de una gestión judicial pendiente. La Corte rechazó el requerimiento. Concluyó que el artículo 3° transitorio no era aplicable a los recurrentes, quienes habían presentado renuncias voluntarias acogidas al artículo 2° transitorio, y que el conflicto de fondo se refería a la legalidad de la actuación administrativa de la corporación al aceptar esas renuncias con una fecha distinta a la indicada por los profesores, junto con la fecha de término de la relación laboral y el pago de remuneraciones, cuestiones de juridicidad que no suscitaban un problema de constitucionalidad.
Normas citadas
artículo 2º, inciso transitorio, de Ley N° 20.470
artículo 3º, de Ley N° 20.470
artículo 65, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 66, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 67, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 68, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 69, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 3, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se considera que una discusión sobre la aceptación de renuncias de profesores municipales es un asunto de constitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional determinó que la discusión sobre la aceptación de las renuncias y sus efectos era de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que no suscitaba un problema de constitucionalidad que justificara acoger el requerimiento.
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