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La Corte Suprema conoció de un recurso de apelación contra una sentencia que había rech…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció de un recurso de apelación contra una sentencia que había rechazado una acción de protección presentada por un afiliado en contra de una Isapre y de la Superintendencia de Salud, impugnando el alza de la prima GES por beneficiario. El tribunal razonó que el precio cuestionado fue determinado por la Superintendencia de Salud mediante un procedimiento objetivo y fiscalizado, en cumplimiento del artículo 206 bis del DFL N°1 de 2005, incorporado por la Ley N°21.674, y que el contrato de salud, aunque es de adhesión, se encuentra parcialmente dirigido por la intervención de la autoridad pública en resguardo de los intereses de los afiliados. Sobre esa base, concluyó que no se advierte un actuar ilegal ni arbitrario de las recurridas ni la vulneración de garantías fundamentales, por lo que confirmó la sentencia apelada que rechazó la acción de protección, sin costas.

Normas citadas

  • D.F.L. N° 1
  • Ley N° 21.674
  • Resolución Exenta N° 1
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Se puede impugnar el alza de la prima GES de una Isapre mediante un recurso de protección?

En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo de una acción de protección contra el alza de la prima GES, al concluir que el precio fue fijado por la Superintendencia de Salud mediante un procedimiento objetivo y fiscalizado, sin actuar ilegal ni arbitrario.

¿Es legal que una Isapre suba la prima GES por beneficiario?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el alza cuestionada fue determinada por la Superintendencia de Salud conforme al artículo 206 bis del DFL N°1 de 2005, incorporado por la Ley N°21.674, por lo que no advirtió ilegalidad en ella.

¿La intervención de la Superintendencia de Salud en el contrato de salud impide reclamar por sus condiciones?

En este caso, la Corte Suprema señaló que, aunque el contrato de salud es de adhesión, está parcialmente dirigido por la intervención de la autoridad pública en resguardo de los intereses de los afiliados, y no advirtió vulneración de garantías fundamentales.

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