Resumen del criterio jurisprudencial
Se interpone acción constitucional de protección en contra de una Isapre y la Superintendencia de Salud por el alza unilateral del precio de la prima GES. El recurrente estima que dicho aumento es desproporcionado e injustificado, vulnerando sus garantías constitucionales de salud y propiedad (artículo 19 N°9 y 24). La Corte Suprema analiza el procedimiento establecido en el DFL N°1 de 2005, artículo 206 y 206 bis, y la Resolución Exenta N°1.541 del Ministerio de Salud que fijó las primas. Señala que el contrato de salud es un contrato por adhesión parcialmente dirigido por la autoridad, y que la prima GES es resultado de un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia. Concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de las recurridas, por lo que rechaza el recurso y confirma la sentencia apelada, sin costas.