La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y rechazó la acción constitucional de pr…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y rechazó la acción constitucional de protección interpuesta por un afiliado en contra de una Isapre y de la Superintendencia de Salud, por el alza unilateral del precio de la prima GES. El recurrente estimaba que el aumento era desproporcionado e injustificado, vulnerando sus garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. El máximo tribunal consideró que la prima GES comunicada es el resultado de un proceso previo, objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme a la ley, y que no se advierte un actuar ilegal ni arbitrario de las recurridas, por lo que no se configura vulneración de garantías fundamentales. La decisión se dictó sin costas.
Normas citadas
Artículo 19 numerales 9 y 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Artículo 206 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud
Artículo 206 bis del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud
¿Es ilegal el alza unilateral de la prima GES de una Isapre si el afiliado la considera desproporcionada?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la prima GES comunicada fue el resultado de un proceso previo, objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme a la ley. Concluyó que no existía un actuar ilegal ni arbitrario de la Isapre ni de la Superintendencia.
¿Puede una persona recurrir de protección contra una Isapre por un aumento de la prima GES que vulnera sus garantías constitucionales?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección interpuesta por un afiliado contra la Isapre y la Superintendencia de Salud. Estimó que no se configuró vulneración de las garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución.
¿Qué debe revisar la Corte en un recurso de protección por el alza de la prima GES de una Isapre?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y examinó si el aumento tuvo origen en un procedimiento previo, objetivo y fiscalizado conforme a la ley. Al no advertir actuaciones ilegales ni arbitrarias, no acogió el recurso.
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