La Corte Suprema conoció una acción de protección interpuesta por un afiliado contra un…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció una acción de protección interpuesta por un afiliado contra una Isapre y la Superintendencia de Salud, a raíz del alza de la prima GES, que el recurrente consideró desproporcionada, ilegal y arbitraria, vulneratoria del derecho a la salud y del derecho de propiedad. El tribunal confirmó la sentencia apelada que había rechazado el recurso y, en consecuencia, descartó la vulneración de garantías constitucionales. Fundó su decisión en que la prima GES fue fijada mediante un procedimiento regulado por el DFL N°1 de 2005, incorporado por la Ley N°21.674, en el que la Superintendencia verificó y publicó el precio, determinándolo individualmente para cada Isapre mediante resolución del Ministerio de Salud. Precisó que el contrato de salud, aunque de adhesión, es parcialmente dirigido por la autoridad pública, por lo que no se configuró un actuar ilegal ni arbitrario de las recurridas. No se impusieron costas.
¿Es ilegal o arbitrario el alza de la prima GES que cobra una Isapre si fue fijada conforme al DFL N°1 de 2005?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no hubo actuar ilegal ni arbitrario, porque la prima GES se fijó mediante el procedimiento regulado por el DFL N°1, incorporado por la Ley N°21.674, en el que la Superintendencia verificó y publicó el precio y el Ministerio de Salud lo determinó para cada Isapre.
¿Un alza de la prima GES puede vulnerar el derecho a la salud o el derecho de propiedad del afiliado mediante una acción de protección?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso y descartó la vulneración de garantías constitucionales, considerando que la prima fue fijada por la autoridad pública conforme a la ley.
¿Puede el juez de protección cuestionar la prima de un contrato de salud por ser de adhesión?
En este caso, la Corte Suprema precisó que el contrato de salud, aunque de adhesión, es parcialmente dirigido por la autoridad pública, por lo que no se configuró un actuar ilegal ni arbitrario de la Isapre ni de la Superintendencia de Salud.
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