La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó un recurso de protección presentado…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó un recurso de protección presentado por un afiliado contra una Isapre y la Superintendencia de Salud, por el alza unilateral de la prima GES. El recurrente alegaba que el alza era desproporcionada e injustificada, vulnerando sus garantías constitucionales de salud y propiedad. La Corte concluyó que la prima fue determinada mediante un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme al artículo 206 bis del DFL N°1 de 2005, incorporado por la Ley N°21.674, y mediante la Resolución Exenta N°1.541 del Ministerio de Salud. Razonó que el contrato de salud es un contrato tipo por adhesión, parcialmente dirigido por la autoridad pública en resguardo de los usuarios, por lo que no advirtió actuar ilegal ni arbitrario de las recurridas. Por ello, rechazó la acción, sin costas.
¿Es ilegal el alza unilateral de la prima GES de una Isapre si el afiliado la considera desproporcionada?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que la prima GES fue determinada mediante un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme al artículo 206 bis del DFL N°1 de 2005 y a la Resolución Exenta N°1.541 del Ministerio de Salud. Por ello, no advirtió actuar ilegal ni arbitrario de la Isapre ni de la Superintendencia.
¿Puede un afiliado a una Isapre recurrir de protección contra un alza de la prima GES por vulnerar salud y propiedad?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de protección, que alegaba vulneración de las garantías de salud y propiedad por el alza de la prima GES. El fallo sostuvo que no existía acto ilegal ni arbitrario que justificara la acción constitucional.
¿Cómo se regula el contrato de salud con una Isapre, considerando que es un contrato por adhesión?
En este caso, la Corte Suprema señaló que el contrato de salud es un contrato tipo por adhesión, parcialmente dirigido por la autoridad pública en resguardo de los usuarios. Esta regulación fue considerada al resolver que las recurridas no actuaron de forma ilegal ni arbitraria.
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