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La Corte Suprema conoció una acción de protección interpuesta por un afiliado contra un…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció una acción de protección interpuesta por un afiliado contra una Isapre y la Superintendencia de Salud, por el alza unilateral de la prima GES, que el recurrente consideraba desproporcionada y lesiva de sus garantías de salud y propiedad. El tribunal sostuvo que la prima GES por beneficiario es el resultado de un proceso previo, objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme al artículo 206 bis del DFL N°1 de 2005, incorporado por la Ley N°21.674, y que el contrato de salud, aunque de adhesión, está parcialmente dirigido por la autoridad pública. Concluyó que no existía actuar ilegal ni arbitrario y que no se configuraba vulneración de garantías constitucionales. En consecuencia, confirmó la sentencia apelada que rechazó el recurso, sin costas.

Normas citadas

  • D.F.L. N° 1
  • Ley N° 21.674
  • Resolución Exenta N° 1
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Es ilegal que una Isapre suba unilateralmente la prima GES de un afiliado?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la prima GES por beneficiario resulta de un proceso previo, objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme al artículo 206 bis del DFL N°1, incorporado por la Ley N°21.674. Concluyó que no existía actuar ilegal ni arbitrario.

¿Puede una acción de protección prosperar contra un alza de la prima GES por considerarla desproporcionada?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección y sostuvo que no se configuraba vulneración de garantías constitucionales de salud ni de propiedad. Confirmó la sentencia apelada, sin costas.

¿El contrato de salud con una Isapre, al ser de adhesión, queda completamente sin control de la autoridad?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el contrato de salud, aunque de adhesión, está parcialmente dirigido por la autoridad pública. Esto implica que las alzas de precio deben ajustarse a la regulación y fiscalización de la Superintendencia de Salud.

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