Resumen
La Corte Suprema de Chile, en su Tercera Sala, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó un recurso de protección presentado por funcionarias a contrata del Ministerio público, cuya no renovación de contratas fue impugnada. Las recurrentes estaban sujetas a una investigación penal por delitos funcionarios, que derivó en su acusación, y a un sumario administrativo por los mismos hechos, con suspensión preventiva de funciones. La Corte consideró que, pese al principio de confianza legítima generado por renovaciones reiteradas por más de cinco años, dicho principio no ampara a funcionarios con antecedentes disciplinarios o penales relevantes. La autoridad administrativa actuó fundadamente al no renovar los nombramientos, dado el estándar reforzado de idoneidad y confianza exigible en funciones públicas sensibles. No se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión impugnada.