Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó el recurso de protección interpuesto por una funcionaria pública contra una sanción disciplinaria de suspensión del empleo por un mes con goce del 50% de sus remuneraciones, impuesta por supuestos actos de acoso laboral. La recurrente alegó vulneración de sus derechos a defensa, igualdad ante la ley y propiedad, cuestionando la proporcionalidad y el procedimiento, especialmente la tramitación del recurso de reposición. La Corte determinó que la sanción fue impuesta tras un sumario administrativo regular, con notificación de cargos, descargos y prueba. Además, constató que la recurrente presentó el recurso de reposición ante el fiscal instructor, vía incorrecta, y fue notificada del error, pero no lo subsanó. Al no corregir la impugnación conforme al artículo 141 del Estatuto Administrativo, no se configuró un acto ilegal o arbitrario. Por ello, se rechazó la acción constitucional.