La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó la acción constitucional de protección deducida por dos funcionarios públicos a contrata, quienes alegaban que la no renovación de sus nombramientos vulneraba su confianza legítima, pues habían sido renovados por más de cinco años. Los recurrentes estaban sujetos a una investigación penal por delitos funcionarios, con acusación formal, y a un sumario administrativo con suspensión preventiva. El máximo tribunal razonó que, si bien la confianza legítima protege a los servidores a contrata con renovaciones reiteradas, dicha protección cede ante antecedentes objetivos relevantes, como los disciplinarios y penales existentes, que afectan la continuidad del vínculo funcionarial. Se concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión administrativa, atendido el estándar reforzado de idoneidad, responsabilidad, integridad y confianza institucional exigible a quienes ejercen funciones públicas.
Normas citadas
Ley N° 18.834
confianza legítimaempleo a contrataEstatuto Administrativorecurso de protecciónfuncionarios públicosinvestigación penalsumario administrativorenovación de contratas
Preguntas frecuentes
¿La confianza legítima protege al funcionario a contrata si su contrato fue renovado muchas veces?
En este caso, la Corte Suprema reconoció que la confianza legítima protege a los servidores a contrata con renovaciones reiteradas, pero sostuvo que esa protección cede ante antecedentes objetivos relevantes, como procesos disciplinarios y penales vigentes.
¿Se puede no renovar el contrato de un funcionario a contrata que enfrenta un sumario administrativo y una investigación penal?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión de no renovar los nombramientos, atendido el estándar reforzado de idoneidad, responsabilidad, integridad y confianza institucional exigible a quienes ejercen funciones públicas.
¿Es posible recurrir de protección contra la no renovación de un funcionario público a contrata?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo de la acción de protección presentada por dos funcionarios a contrata que alegaban vulneración de su confianza legítima, por lo que el recurso no prosperó.
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