La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección interp…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección interpuesto por una funcionaria desvinculada de su contrata, pese a contar con evaluaciones de desempeño favorables. La recurrente alegó vulneración de garantías constitucionales por la no renovación de su contrata. La Corte analizó la procedencia de la confianza legítima, citando el Dictamen N°22.766 de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de la Corte Suprema que exigen un período mínimo de desempeño de al menos dos o cinco años para configurarla. Al no cumplirse el plazo mínimo de dos años, la Corte concluyó que no existían hechos concretos que constituyeran una vulneración constitucional, por lo que aplicó la inadmisibilidad prevista en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección y ordenó archivar la causa.
Normas citadas
Ley N° 10.336
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Preguntas frecuentes
¿Una funcionaria contratada puede reclamar por vía de protección si no le renuevan su contrata pese a tener buenas evaluaciones?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso porque la funcionaria no cumplía el plazo mínimo de desempeño exigido para configurar la confianza legítima, aunque sus evaluaciones fuesen favorables. Sin hechos concretos que constituyeran vulneración constitucional, ordenó archivar la causa.
¿Cuánto tiempo de desempeño se requiere para invocar la confianza legítima en la renovación de una contrata?
En este caso, la Corte citó el Dictamen N°22.766 de la Contraloría y jurisprudencia de la Corte Suprema, que exigen un período mínimo de al menos dos o cinco años. Como la recurrente no alcanzó el plazo mínimo de dos años, la Corte consideró que no se configuraba la confianza legítima.
¿Cuándo procede declarar inadmisible un recurso de protección?
En este caso, la Corte aplicó la inadmisibilidad prevista en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, al concluir que no existían hechos concretos que constituyeran una vulneración de garantías constitucionales. Por eso ordenó archivar la causa.
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