Resumen del criterio jurisprudencial
El recurso de protección fue interpuesto por una funcionaria desvinculada de su contrata, pese a contar con evaluaciones de desempeño favorables. La recurrente alegó vulneración de garantías constitucionales. La Corte de Apelaciones de Santiago analizó la procedencia de la confianza legítima en la renovación de la contrata. Citó el Dictamen N°22.766 de la Contraloría General de la República y sentencias de la Corte Suprema que establecen un período mínimo de dos o cinco años de desempeño para configurar dicha confianza. La Corte concluyó que, al no cumplirse el plazo mínimo de dos años, no existían hechos concretos que constituyeran una vulneración a las garantías constitucionales. En consecuencia, declaró inadmisible el recurso de protección, archivándose la causa.