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La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección present…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección presentado por un solicitante contra el Servicio Nacional de Migraciones, que alegaba una demora superior a seis meses en resolver su solicitud migratoria. El tribunal sostuvo que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal y que la demora se explicaba por la masificación de la migración, constituyendo fuerza mayor. Añadió que la acción de protección no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso, pues la ley prevé el silencio administrativo como mecanismo de celeridad, y que la recurrente se encontraba en situación migratoria regular, sin privación de derechos constitucionales. Agregó que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley, al privilegiar a unos solicitantes sobre otros.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Artículo 27 de la Ley N° 19.880
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿El plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 es fatal para la Administración, de modo que su incumplimiento permite recurrir de protección?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que ese plazo no es fatal y que la demora se explicaba por la masificación de la migración, constituyendo fuerza mayor. Por eso revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso.

¿Sirve la acción de protección para acelerar un procedimiento administrativo migratorio que se encuentra en tramitación?

En este caso, la Corte Suprema señaló que la acción de protección no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso, pues la ley prevé el silencio administrativo como mecanismo de celeridad. Agregó que la recurrente estaba en situación migratoria regular, sin privación de derechos constitucionales.

¿Puede el juez de protección ordenar priorizar la resolución de una solicitud migratoria frente a otras solicitudes pendientes?

En este caso, la Corte Suprema estimó que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley, al privilegiar a unos solicitantes sobre otros. Por ello rechazó la pretensión de acelerar la tramitación de la solicitud de la recurrente.

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