La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una solicitante de reg…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una solicitante de regularización migratoria contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora superior a seis meses en responder su solicitud, que se alegó como omisión ilegal o arbitraria. El tribunal confirmó la sentencia apelada que rechazó el recurso. Estimó que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal y que la demora se justifica por la masificación de la migración regular e irregular, descartando la arbitrariedad. Señaló además que la acción de protección no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso, pues la ley prevé el silencio administrativo como mecanismo de protección, y que la recurrente se encontraba en situación migratoria regular durante la tramitación, por lo que no había privación ni amenaza a derechos constitucionales. Advirtió que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley respecto de otros solicitantes.
¿Se puede presentar un recurso de protección para reclamar la demora de la Administración en resolver una solicitud de regularización migratoria?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección por demora de más de seis meses en resolver una solicitud migratoria. Sostuvo que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal y que la demora se justificaba por la alta cantidad de solicitudes de migración.
¿El plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo fatal para la Administración?
Según esta sentencia, la Corte Suprema estimó que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal. Por lo tanto, un retraso en la respuesta no implicó por sí solo una omisión ilegal o arbitraria.
¿La acción de protección sirve para acelerar un procedimiento administrativo que está en tramitación?
La Corte Suprema señaló que la acción de protección no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso, porque la ley prevé el silencio administrativo como mecanismo de protección. Además, la recurrente se encontraba en situación migratoria regular durante la tramitación, por lo que no hubo privación ni amenaza a derechos constitucionales.
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