La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por un trabajador contra e…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por un trabajador contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver su solicitud administrativa. El recurrente alegaba que la demora de más de seis meses vulneraba sus derechos, invocando el artículo 27 de la Ley N° 19.880. La Corte confirmó la sentencia apelada, señalando que el plazo de seis meses no es fatal, pues depende de los recursos humanos y la complejidad del caso, y que la demora, atribuida a la masificación migratoria, no es ilegal ni arbitraria. Además, el trabajador se encuentra en situación migratoria regular, por lo que no se constata una amenaza a sus derechos constitucionales. La Corte advirtió que acoger la acción podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, ya que otros administrados también esperan respuesta. Finalmente, indicó que la Ley N° 19.880 contempla el silencio administrativo como mecanismo para evitar la indefensión, por lo que no procede acelerar el procedimiento por esta vía.
¿El plazo de seis meses para resolver una solicitud administrativa es fatal en Chile?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el plazo de seis meses no es fatal, pues su cumplimiento depende de los recursos humanos y de la complejidad del asunto. Por eso, la demora no fue considerada ilegal ni arbitraria.
¿Procede un recurso de protección por la demora de la Administración en resolver una solicitud?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección porque no constató una amenaza a derechos constitucionales, dado que el solicitante se encontraba en situación migratoria regular. Además, advirtió que acoger la acción podría afectar la igualdad ante la ley frente a otros administrados en espera.
¿Qué mecanismo prevé la Ley N° 19.880 si la Administración no responde dentro de plazo?
En este caso, la Corte Suprema indicó que la Ley N° 19.880 contempla el silencio administrativo como mecanismo para evitar la indefensión del administrado. Por ello, no procedía acelerar el procedimiento mediante un recurso de protección.
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