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La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó un recurso de protección presentado…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó un recurso de protección presentado por el recurrente contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver su solicitud migratoria. El tribunal sostuvo que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, por lo que su vencimiento no vuelve ilegal la tardanza, la cual se atribuyó a la masificación de la migración regular e irregular. Asimismo, constató que el recurrente mantiene una situación migratoria regular, por lo que no se acreditó afectación de derechos constitucionales. Agregó que la acción de protección no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso, existiendo para ello el silencio administrativo de los artículos 64 y 65 de la misma ley, y que acoger la pretensión podría vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Artículo 27 de la Ley N° 19.880
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿El plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 es fatal, de modo que su vencimiento vuelve ilegal la demora de la Administración?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que ese plazo no es fatal, por lo que su vencimiento no vuelve ilegal la tardanza. La demora se atribuyó a la masificación de la migración regular e irregular.

¿Puede interponerse un recurso de protección para acelerar un procedimiento administrativo migratorio que se encuentra en tramitación?

En este caso, la Corte Suprema resolvió que la acción de protección no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso. Para ello existe el silencio administrativo de los artículos 64 y 65 de la Ley N° 19.880.

¿Se configura una vulneración de derechos constitucionales por la demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver una solicitud migratoria?

En este caso, la Corte Suprema constató que el recurrente mantiene una situación migratoria regular, por lo que no acreditó afectación de derechos constitucionales. Además, advirtió que acoger la pretensión podría vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

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