La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que rechazó el recurso de protección int…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que rechazó el recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en responder una solicitud administrativa. El recurrente alegó que la tardanza de más de seis meses constituía una omisión ilegal o arbitraria, fundada en el artículo 27 de la Ley N° 19.880. La Corte sostuvo que el plazo de seis meses no es fatal y que la demora se justifica por la masificación de la migración, factor ajeno a la voluntad de la administración. Además, señaló que la acción constitucional no es el mecanismo adecuado para acelerar procedimientos administrativos en curso, pues la ley contempla el silencio administrativo como vía específica. Tampoco se acreditó discriminación ni afectación de derechos constitucionales, ya que la recurrente mantiene su situación migratoria regular. Finalmente, advirtió que acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley al privilegiar a algunos solicitantes sobre otros.
Normas citadas
Ley 19880 art. 65
Ley 19880 art. 64
Ley 19880 art. 27
Constitución Política de la República de Chile art. 19
Constitución Política de la República de Chile art. 20
Procedimiento administrativoRecurso de protecciónSilencio administrativoPrincipio de igualdad ante la leyCaso fortuito o fuerza mayorCeleridad de la AdministraciónServicio nacional de migracionesDemora excesiva en la tramitación
Preguntas frecuentes
¿Se puede interponer un recurso de protección por la demora de la Administración en responder una solicitud administrativa?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la acción de protección no es el mecanismo adecuado para acelerar procedimientos administrativos en curso, pues la ley prevé el silencio administrativo como vía específica. Confirmó el rechazo del recurso.
¿El plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 es un plazo fatal para que la Administración responda?
En este caso, la Corte Suprema señaló que ese plazo no es fatal y que la demora de más de seis meses se justificaba por la masificación de la migración, factor ajeno a la voluntad de la administración. Por eso no la calificó como omisión ilegal o arbitraria.
¿Una demora administrativa puede constituir una vulneración de garantías constitucionales de igualdad ante la ley?
En este caso, la Corte Suprema no acreditó discriminación ni afectación de derechos constitucionales, ya que la recurrente mantenía su situación migratoria regular. Además, advirtió que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley al privilegiar a algunos solicitantes sobre otros.
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