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La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Naciona…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver una solicitud de regularización migratoria. El tribunal analizó si el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 es fatal y si la tardanza constituye una omisión ilegal o arbitraria. Señaló que la jurisprudencia y la Contraloría establecen que dicho plazo no es fatal, que la celeridad administrativa no exige respuesta inmediata y que la ley permite prórrogas por fuerza mayor. Además, la recurrente se encuentra en situación migratoria regular durante la tramitación. La Corte concluyó que no existe vulneración de derechos constitucionales y que la acción no busca acelerar procedimientos administrativos, pues para ello existe el silencio administrativo. En consecuencia, revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección.

Normas citadas

  • Ley 19880 art. 64
  • Ley 19880 art. 65
  • Ley 19880 art. 27
  • Constitución Política de la República de Chile art. 19
  • Constitución Política de la República de Chile art. 20
Procedimiento administrativoRecurso de protecciónSilencio administrativoPrincipio de igualdad ante la leyCaso fortuito o fuerza mayorCeleridad de la AdministraciónServicio nacional de migracionesDemora excesiva en la tramitación

Preguntas frecuentes

¿El plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 es fatal para la Administración?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, siguiendo la jurisprudencia y los dictámenes de la Contraloría. Por lo tanto, la demora en resolver no implica por sí sola una omisión ilegal.

¿Puede interponerse un recurso de protección por la demora de la Administración en resolver una solicitud?

En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección por demora en resolver una solicitud migratoria, al estimar que no existía vulneración de derechos constitucionales. Señaló además que el recurso no sirve para acelerar procedimientos administrativos, para lo cual existe el silencio administrativo.

¿La demora en resolver una solicitud de regularización migratoria constituye una acción arbitraria del Servicio Nacional de Migraciones?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la tardanza no constituía una omisión ilegal ni arbitraria, porque la celeridad administrativa no exige respuesta inmediata y la recurrente se encontraba en situación migratoria regular durante la tramitación. Por ello revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso.

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