Resumen
La Contraloría General de la República analizó los reclamos de un funcionario de la Dirección del Trabajo sancionado tras un sumario administrativo, cuya resolución sancionatoria cursó la entidad. El órgano concluyó que el procedimiento se ajustó a derecho: el inculpado fue oído, se incorporaron testimonios, documentos y registros de consultas a sistemas informáticos que sustentan su responsabilidad, y los cargos describían suficientemente las faltas atribuidas. Además, la denuncia que originó el sumario no requería cumplir el artículo 90 B de la ley N° 18.834, por haber sido presentada por empleados de una empresa privada. Respecto de la proporcionalidad de la sanción, el dictamen sostuvo que la calificación de los hechos corresponde en primer término a la Administración activa, sin que se advirtieran infracciones al debido proceso, a la normativa ni arbitrariedad, por lo que se desestimaron los reclamos.