Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de un dictamen que da cuenta del rechazo de los reclamos interpuestos por dos servidores sancionados con destitución en un sumario administrativo. Entre los cargos figuraba la falta de vigilancia sobre una unidad, pues un funcionario dejó de usar el libro de actuaciones de ministro de fe. La recurrente alegó que ese instrumento no era vinculante, pero la inculpada reconoció su obligatoriedad. Respecto del otro reclamante, se argumentó que las sanciones previas no debían considerarse, aunque el organismo indicó que no influyeron en la medida. Se sostuvo además que la presunción de veracidad de las actas no impide ejercer la potestad disciplinaria, cuando los hechos —certificar actuaciones no presenciadas— contravienen gravemente la probidad administrativa. Por ello, se estimó ajustada a derecho la destitución y se ordenó denunciar los hechos al Ministerio Público, conforme a la Ley 18.834 y al Código Procesal Penal.