Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelación de Santiago acogió un recurso de apelación interpuesto por la contribuyente en contra de la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que no dio lugar al reclamo interpuesto en contra de una Liquidación que determinó diferencias de Impuesto de Primera Categoría por concepto de pago provisional por utilidades absorbidas. La contribuyente en primer lugar indicó que el Servicio al emitir la Liquidación impugnada se había basado en una venta de acciones efectuada hace 20 años. Así, en su recurso opuso la excepción de prescripción, fundada en lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al sostener que tomando en consideración el lapso de tiempo transcurrido desde la fecha de interposición del reclamo, consideraba que se había vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, como garantía fundamental del debido proceso. Por su parte, la Corte al analizar la procedencia de acoger la excepción de prescripción dejó asentado que entre la interposición del reclamo y la dictación de la sentencia de primera instancia habían transcurrido más de 15 años. Además, indicó respecto al derecho invocado como fundamente de la alegación de prescripción, que el citador artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagraba las garantías judiciales e incorporaba como tal al “debido proceso”, en el Derecho Internacional. La Corte de Apelación de Santiago acogió un recurso de apelación interpuesto por la contribuyente en contra de la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que no dio lugar al reclamo interpuesto en contra de una Liquidación que determinó diferencias de Impuesto de Primera Categoría por concepto de pago provisional por utilidades absorbidas. La contribuyente en primer lugar indicó que el Servicio al emitir la Liquidación impugnada se había basado en una venta de acciones efectuada hace 20 años. Así, en su recurso opuso la excepción de prescripción, fundada en lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al sostener que tomando en consideración el lapso de tiempo transcurrido desde la fecha de interposición del reclamo, consideraba que se había vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, como garantía fundamental del debido proceso. Por su parte, la Corte al analizar la procedencia de acoger la excepción de prescripción dejó asentado que entre la interposición del reclamo y la dictación de la sentencia de primera instancia habían transcurrido más de 15 años. Además, indicó respecto al derecho invocado como fundamente de la alegación de prescripción, que el citador artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagraba las garantías judiciales e incorporaba como tal al “debido proceso”, en el Derecho Internacional.