Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema conoció de un recurso de protección interpuesto por Salinas contra la Tesorería Regional de Coquimbo, en relación con el cobro de deudas originadas por el financiamiento de estudios superiores bajo la Ley N°20.027. La parte recurrida apeló la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso. La Corte Suprema señaló que la acción de protección es una medida cautelar destinada a amparar garantías constitucionales frente a actos arbitrarios o ilegales, pero no constituye una instancia para declarar derechos que requieran debate propio de un procedimiento de lato conocimiento. En el caso, el recurrente buscaba definir la naturaleza jurídica del crédito y determinar el tribunal competente y procedimiento aplicable, cuestiones que exceden el ámbito cautelar de la acción. Por ello, la Corte revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección. La decisión fue unánime.