Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente ARAYA interpuso un recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República por la emisión, notificación y ejecución de resoluciones y actuaciones administrativas de cobro de una deuda derivada del financiamiento de sus estudios superiores bajo la Ley N°20.027. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, pero la Tesorería apeló. La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección, señalando que la acción de protección es de naturaleza cautelar y no constituye una instancia para declarar derechos que requieran debate propio de un procedimiento de lato conocimiento. El tribunal consideró que la discusión sobre la naturaleza jurídica del crédito, el tribunal competente y el procedimiento aplicable excede el ámbito de esta acción constitucional. En consecuencia, se determinó que el recurso no era la vía adecuada para resolver las cuestiones planteadas.