Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección impetrado por la contribuyente en contra de la XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur que había registrado una anotación preventiva N° 52, por haber presentado la contribuyente incumplimientos relevantes a sus obligaciones tributarias, fundado en los numerales 2, 3 y 21 de la Constitución Política de la República. La recurrente señaló que en el pasado mes de julio había empezado a tener problemas con la emisión de sus documentos tributarios, encontrándose al revisar el sistema del Servicio de Impuestos Internos con una anotación que indicaba la existencia de incumplimientos relevantes, que corresponderían a observaciones a los créditos fiscales de impuestos de los años 2018 y 2019 respecto de las cuales se emitió un giro y cuyos plazos de impugnación se encontraban pendientes. Agregó, que la decisión del Órgano Fiscalizador era arbitraria pues nada adeudaba por concepto de impuestos y, además, era ilegal por cuanto no se adoptaron los conductos regulares. Por último, la contribuyente sostuvo que se habían vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, todas consagradas en la Constitución Política, solicitando a la Corte acoger la acción deducida y restablecer el imperio del derecho. Por su parte, el Servicio arguyó que la recurrente había sido objeto de un proceso de fiscalización, ya concluido, registrándose la anotación preventiva N° 52, que obedecía a que la misma había presentado incumplimientos relevantes de sus obligaciones tributarias, así como la incorporación de facturas falsas a su contabilidad provenientes de terceros. Luego, añadió que la citada anotación había sidoeliminada del sistema con anterioridad a la emisión del informe, por lo que estimaba que la acción impetrada resultaba improcedente por haber perdido su oportunidad, al haberse dejado sin efecto, enfatizando que la contribuyente ya había procedido a la emisión de facturas y guías de despacho electrónicas. Por lo tanto, no existía vulneración a las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2, 3 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Finalmente, el Órgano Fiscalizador solicitó a la Magistratura inhibirse de conocer del recurso, toda vez que se había deducido uno idéntico con anterioridad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que se encontraba pendiente. No obstante lo cual sostuvo, que al mantener la contribuyente domicilio en la comuna de San Bernardo, era ésta la Corte competente para conocer del recurso. Sobre este último punto, la Corte arguyó que habiéndose admitido a trámite primero el presente recurso en la sede de San Miguel, era éste el Tribunal competente para conocer y pronunciarse sobre el mismo A continuación, la Magistratura señaló que teniendo presente que el recurso de protección era una acción constitucional de urgencia, constituía presupuesto indispensable de dicha acción, la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quienes incurrían en él, que provocara alguna de las situaciones que se habían indicado y que afectara, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por la Carta Fundamental. La Corte de Apelaciones continuó agregando que de los antecedentes allegados al proceso, era posible advertir que la recurrida había cesado en la ejecución de los actos objeto del recurso, disponiendo la eliminación de la anotación que obstaculizaba la emisión de documentación electrónica a la contribuyente, subsanándose de este modo los hechos que servían de fundamento a la presente acción constitucional. En virtud de lo expuesto, concluyó que habiendo perdido el presente recurso su oportunidad, se hacía innecesaria la adopción de alguna medida cautelar en favor de la recurrente.