Resumen del criterio jurisprudencial
La Excma. Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo intentado por un contribuyente en contra de una sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, confirmatoria de la de primer grado que había rechazado la alegación de prescripción respecto de una liquidación de impuestos que le fuera notificada. El recurrenté denunció como primer error de derecho la infracción de la norma del artículo 200 del Código Tributario, señalando que en el presente caso no resulta procedente el plazo extraordinario contemplado en el inciso 2º del aludido precepto, puesto que la declaración de impuesto a la renta no puede ser calificada de “maliciosamente falsa” por el solo hecho de que el contribuyente tuviera la representación legal de la empresa durante cierto tiempo, porque con la documentación acompañada en el recurso de apelación se estableció fehacientemente que delegó dicha administración. El fallo de primer grado, confirmado por el de alzada, consideró que si bien se trata de hechos generados en las actividades de un contribuyente distinto al reclamante, tal situación no lo libera de responsabilidad en el manejo de los negocios de la empresa de la cual es representante legal con un 95% de participación, por lo que las irregularidades de aquélla le afectan incuestionablemente “por vía de consecuencia“. A juicio del Supremo Tribunal, sin embargo, tales circunstancias no autorizan a extender el plazo de tres años a seis por la sola declaración de falsedad que afecta a las facturas de la empresa, considerando que en este caso no resulta posible traspasar la malicia para los efectos de ampliar el término de prescripción, desde que el Servicio de Impuestos Internos no probó el concierto entre la sociedad censurada y el reclamante de autos, al que acertadamente la sentencia impugnada le ha reconocido su calidad de contribuyente con obligaciones tributarias diversas a las de la empresa que representa.