Resumen
La Contraloría General de la República resolvió que no procede eliminar de sus registros las medidas disciplinarias de destitución aplicadas a exservidores públicos. Según el artículo 38, letra f), de la ley N° 10.336, el organismo debe mantener una nómina actualizada de funcionarios separados o destituidos, y no existe norma que permita suprimir esas anotaciones. Además, la inhabilidad para ejercer cargos públicos dura cinco años contados desde la notificación del acto sancionatorio; como la fecha de notificación no consta, y la toma de razón se produjo el 6 de diciembre de 2010, el dictamen concluye que el plazo aún no ha transcurrido.