La Contraloría General de la República se pronunció sobre la inhabilidad de ingreso a u…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la inhabilidad de ingreso a un empleo regido por la ley N° 18.834, derivada de la aplicación de una medida de destitución a un exfuncionario público. Señala que dicha inhabilidad expira por el transcurso del plazo de cinco años contado desde la notificación del acto administrativo sancionatorio al afectado. En el caso analizado, la destitución fue impuesta mediante resolución tomada de razón en marzo de 2014, sin que conste la fecha de notificación, por lo que se concluye que aún no ha transcurrido el referido término. Además, indica que no resulta exigible el decreto supremo de rehabilitación para el reingreso, sin perjuicio de otras inhabilidades que puedan afectar al interesado según el empleo de que se trate.
Normas citadas
ley 18834 art/12 lt/e
ley 18575 art/54
ley 10336 art/38 lt/f
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo se cuenta el plazo de cinco años de inhabilidad para reingresar a un empleo público tras una destitución?
En este caso, la Contraloría General de la República señaló que el plazo de cinco años se cuenta desde la notificación del acto administrativo sancionatorio al afectado. Como el expediente no acreditaba esa fecha de notificación, concluyó que el término aún no había transcurrido.
¿Es necesario un decreto supremo de rehabilitación para volver a ingresar a la administración pública después de una destitución?
La Contraloría indicó que, en este caso, no resulta exigible el decreto supremo de rehabilitación para el reingreso. Sin perjuicio de ello, pueden existir otras inhabilidades según el empleo de que se trate.
¿Una destitución tomada de razón por la Contraloría impide reingresar a un cargo público aunque ya hayan pasado varios años?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la inhabilidad derivada de una destitución dispuesta mediante resolución tomada de razón expira a los cinco años desde la notificación del acto. Mientras ese plazo no haya transcurrido, la inhabilidad sigue vigente.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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