Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo de un funcionario municipal contratado como Técnico de Salud, que cuestionaba una destinación a otras funciones y denunciaba acoso laboral. El órgano recordó que la autoridad edilicia tiene la atribución privativa de ordenar las destinaciones del personal según las necesidades del servicio, siempre que las funciones sean de igual jerarquía a las del cargo, y constató que no había antecedentes que acreditaran un traslado a actividades ajenas a dicha categoría, por lo que desestimó ese punto. En cuanto al acoso laboral, precisó que debe analizarse en las instancias judiciales pertinentes o en un sumario administrativo ordenado por el alcalde, y como no se acompañaron antecedentes que acreditaran hostigamiento laboral, también lo desestimó.