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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la destinación de una funcion…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la destinación de una funcionaria municipal designada en un cargo directivo de grado 5 de la Municipalidad de San Ramón. Según el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, un empleado solo puede ser destinado a labores de igual jerarquía que las propias de su cargo, criterio reiterado en su jurisprudencia. Como la funcionaria fue asignada a la Secretaría de Planificación Comunal y luego a la Dirección de Obras Municipales sin especificar sus funciones, el Organismo no pudo determinar si cumplía labores directivas. Por ello ordenó al municipio informar y remitir la documentación de respaldo dentro de 15 días hábiles. Además, recordó que la facultad de ordenar destinaciones corresponde privativamente al alcalde y debe materializarse mediante decreto alcaldicio.

Normas citadas

  • ley 18883 art/70
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario municipal ser destinado a labores de menor jerarquía que las de su cargo?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que un funcionario solo puede ser destinado a labores de igual jerarquía que las propias de su cargo, criterio que ha reiterado en su jurisprudencia. Por eso exigió al municipio acreditar las funciones asignadas.

¿Quién tiene la facultad para ordenar la destinación de un funcionario municipal?

En este dictamen, la Contraloría recordó que esa facultad corresponde privativamente al alcalde y debe materializarse mediante decreto alcaldicio. Así lo aplicó al caso de la Municipalidad de San Ramón.

¿Qué ocurre si una municipalidad no especifica las funciones de un funcionario destinado a otra unidad?

En este caso, la Contraloría no pudo determinar si la funcionaria cumplía labores directivas, porque no se especificaron sus funciones en la Secretaría de Planificación y luego en la Dirección de Obras Municipales. Ordenó al municipio informar y remitir la documentación de respaldo en 15 días hábiles.

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