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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el requirente respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye la aplicación de penas sustitutivas en ciertos casos. La mayoría acogió el requerimiento, declarando inaplicable dicho precepto, por estimar que impide al juez ponderar las circunstancias del caso concreto, vulnerando el principio de proporcionalidad y racionalidad de las penas consagrado en el artículo 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto, de la Constitución, con un resultado desproporcionado e inequitativo, especialmente en delitos de menor gravedad. El Tribunal precisó que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad, sino a medidas orientadas a la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, por estimar que el legislador puede fijar el marco penal dentro de los límites constitucionales sin afectar la individualización judicial de la pena.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.365
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la Penaley de control de armasReinserción socialIgualdad ante la Leypenas sustitutivasDeterminación de la pena

Preguntas frecuentes

¿Conceder penas sustitutivas equivale a dejar sin castigo al condenado?

No. Según este fallo, las penas sustitutivas no equivalen a impunidad, sino a medidas orientadas a la reinserción social del condenado.

¿El legislador puede fijar libremente el marco penal de un delito sin afectar la individualización judicial de la pena?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al estimar que el legislador puede fijar el marco penal dentro de los límites constitucionales sin afectar la individualización judicial de la pena.

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