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La Corte Suprema, a través de su Tercera Sala, confirmó la sentencia apelada y rechazó…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema, a través de su Tercera Sala, confirmó la sentencia apelada y rechazó una acción de protección interpuesta por la recurrente, quien reclamaba por la demora en la resolución de su solicitud ante un organismo público. El tribunal descartó que existiera discriminación o un acto caprichoso, abusivo o con desviación de poder, y concluyó que la tramitación no vulnera el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, precisó que esta acción no sirve para acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso, y que, mientras dure la tramitación, la recurrente mantiene una situación migratoria regular, por lo que no se configuró privación, perturbación o amenaza a derechos constitucionales del artículo 20 de la Carta Magna. Se dejó constancia de un voto en contra del Ministro Sr. Ruz, quien estuvo por rechazar la acción en los mismos términos.

Normas citadas

  • Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Art. 20 Constitución Política de la República de Chile
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede la acción de protección para reclamar la demora de un organismo público en resolver una solicitud?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección porque la demora no vulneró el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el tribunal descartó discriminación o actuar caprichoso, abusivo o con desviación de poder.

¿Sirve la acción de protección para acelerar un procedimiento administrativo que está en curso?

No. La Corte Suprema precisó que esta acción no sirve para acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso, por lo que el reclamo fue rechazado.

¿Se afecta el artículo 20 de la Constitución si la solicitud sigue pendiente y la persona mantiene su situación regular?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no hubo privación, perturbación o amenaza a derechos del artículo 20, porque la recurrente mantenía una situación migratoria regular mientras duraba la tramitación.

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