La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada en un recurso de protección, con el voto…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada en un recurso de protección, con el voto en contra del ministro Sr. Ruz, quien propuso rechazar la acción. El disenso sostuvo que no existían indicios de discriminación, abuso o desviación de poder por parte de la autoridad recurrida, y que la demora en tramitar una solicitud administrativa no constituía una infracción al plazo razonable ni permitía acelerar procesos en curso. Además, destacó que la recurrente mantenía su situación migratoria regular, por lo que no se configuraba una amenaza a los derechos constitucionales protegidos por la acción. La mayoría se limitó a confirmar la resolución previa sin expresar fundamentos adicionales.
Normas citadas
Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art. 20 de la Constitución Política de la República (Carta Magna)
¿Procede el recurso de protección por demora en la tramitación de una solicitud administrativa de un extranjero?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que acogió el recurso, aunque el ministro Sr. Ruz votó en contra. Su disenso sostuvo que la demora no infringía el plazo razonable ni permitía acelerar procesos en curso, y que no había amenaza a derechos constitucionales.
¿Se puede considerar vulnerado el plazo razonable por la demora de una autoridad en resolver una solicitud migratoria?
Según el voto en contra del ministro Sr. Ruz en este caso, la demora en tramitar una solicitud administrativa no constituía una infracción al plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana. La mayoría de la Corte Suprema, en cambio, se limitó a confirmar la resolución previa sin expresar fundamentos adicionales.
¿Puede interponerse un recurso de protección contra una autoridad migratoria si la persona mantiene su situación regular en Chile?
En este caso, el ministro Sr. Ruz sostuvo en su disenso que, al mantener la recurrente su situación migratoria regular, no se configuraba una amenaza a los derechos protegidos por la acción. La mayoría confirmó la sentencia apelada sin pronunciarse sobre ese punto en sus fundamentos.
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