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La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección presentado…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección presentado por una recurrente en contra de la autoridad migratoria, por la demora en resolver su solicitud. La mayoría consideró que no existen indicios de discriminación ni que el tiempo de tramitación vulnere el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, sostuvo que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar o sustituir procedimientos administrativos en curso, y que la recurrente mantiene su situación migratoria regular durante la tramitación, por lo que no se configura una privación, perturbación o amenaza a sus derechos constitucionales. El falló contó con el voto disidente del ministro G.R..

Normas citadas

  • Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Art. 20 Carta Magna de Chile
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de protección contra la autoridad migratoria por la demora en resolver una solicitud de residencia?

En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso porque no hubo indicios de discriminación ni una vulneración del plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana. Además, sostuvo que la acción de protección no sirve para acelerar o sustituir procedimientos administrativos en curso.

¿Se vulneran derechos constitucionales si la persona mantiene su situación migratoria regular mientras se tramita su solicitud?

En este caso, la Corte Suprema estimó que, al mantener la recurrente su situación migratoria regular durante la tramitación, no se configuró privación, perturbación o amenaza a sus derechos constitucionales. Por eso, la demora administrativa no fue considerada una afectación del artículo 20.

¿Puede el juez de protección ordenar a un organismo administrativo acelerar la tramitación de una solicitud migratoria?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar o sustituir procedimientos administrativos en curso. Un voto disidente del ministro G.R. fue registrado en el fallo.

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