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La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado p…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por una recurrente en contra de una entidad recurrida, por la demora en la tramitación de una solicitud de carácter migratorio. La Tercera Sala estimó que la tardanza en resolver constituía una omisión arbitraria que vulneraba derechos constitucionales, en particular el derecho a un plazo razonable. El fallo fue acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Ruz, quien estuvo por rechazar la acción, argumentando que no existían indicios de discriminación ni arbitrariedad, que el recurso de protección no procede para acelerar procedimientos administrativos en curso, y que la recurrente mantenía su situación migratoria regular, por lo que no se constataba una afectación a sus derechos.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de protección por la demora de la administración en resolver una solicitud migratoria?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que sí procede: estimó que la tardanza en resolver constituía una omisión arbitraria que vulneraba el derecho a un plazo razonable, amparado por el artículo 20 de la Constitución y el artículo 8.1 de la Convención Americana.

¿Puede el recurso de protección usarse para acelerar un procedimiento administrativo que ya está en curso?

En este caso, el Ministro Sr. Ruz, en su voto en contra, sostuvo que no, porque el recurso de protección no procede para acelerar procedimientos administrativos en curso. La mayoría de la Tercera Sala, en cambio, acogió la acción por la demora.

¿Se configura una afectación de derechos constitucionales si la persona mantiene su situación migratoria regular mientras espera la resolución?

En este caso, el voto en contra sostuvo que no se constataba afectación a los derechos porque la recurrente mantenía su situación migratoria regular y no existían indicios de discriminación ni arbitrariedad. Esa postura no prevaleció, ya que el fallo fue confirmado por la Corte Suprema.

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